La decisión del Gobierno de Trump de otorgar a los funcionarios de deportación acceso a los datos de Medicaid está poniendo a los hospitales y a los estados en una posición difícil, ya que deben considerar si alertan a los pacientes inmigrantes de que su información personal, incluyendo las direcciones de sus hogares, podría ser utilizada en esfuerzos para expulsarlos del país.
Advertir a los pacientes podría disuadirlos de inscribirse en un programa llamado Medicaid de Emergencia, a través del cual el Gobierno reembolsa a los hospitales el costo del tratamiento de emergencia para inmigrantes que no son elegibles para la cobertura estándar de Medicaid.
Pero si los hospitales no divulgan que la información de los pacientes se comparte con las autoridades federales, es posible que los pacientes no sepan que su cobertura médica los pone en riesgo de ser localizados por el ICE.
