Un tribunal poco conocido encargado de tramitar casos de deportación de alta sensibilidad contra presuntos terroristas extranjeros permaneció inactivo desde su creación en 1996 y ni siquiera contaba con un sitio web para hacer seguimiento a sus procedimientos.
Pero este mes, el Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés) cobró vida con un caso sin precedentes presentado por el Gobierno de Trump, que busca nuevas estrategias de deportación.
Durante 30 años, un grupo rotativo de jueces asignados al tribunal estuvo preparado para conocer cualquier caso que llegara a sus manos. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno federal nunca había considerado que tenía un caso que requiriera acudir a este tribunal, ni que justificara poner a prueba la constitucionalidad de sus controvertidos procedimientos.
El tribunal otorga al Gobierno un amplio margen para mantener en secreto, incluso frente a la persona que intenta deportar, las razones por las que considera que un inmigrante es terrorista. Además, limita muchas de las vías que normalmente tienen los migrantes para impugnar su deportación.
Como, por diseño, la mayor parte de lo que ocurre en el tribunal permanece en secreto, se sabe poco sobre el caso histórico que el Departamento de Justicia presentó allí este mes. Lo que sí es público es una orden de la jueza del ATRC que supervisa el caso, en la que indica que no quedó convencida por los argumentos iniciales del Gobierno y exigió que esta semana se presentara información adicional.
Esto es lo que hay que conocer sobre el tribunal secreto y las nuevas preguntas que planteará su uso.
INFORMACIÓN CNN
