Después de tres años de lucha contra la instalación de un parque industrial en terrenos de uso común de San Blas Atempa, Oaxaca, la comunidad de Puente Madera anunció un sorpresivo repliegue y cambio en su estrategia; sin embargo, también anunció que desistió del amparo con el que logró la suspensión definitiva de este parque estratégico para los intereses del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Este anuncio lo dio en el momento en que fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado la sentencia de más de 46 años de cárcel impuesta al vocero de la comunidad, David Hernández Salazar, y se decretó el no ejercicio penal contra otras 17 personas de Puente Madera y sus órdenes de aprehensión, las cuales estaban dentro de la misma causa penal. Con lo que se presume una probable negociación a cambio de su libertad por el desistimiento de su lucha.
El pasado 14 de marzo de 2024, celebraron tres años de lucha en defensa de las tierras de uso común conocidas como El Pitayal. Estas tierras forman parte de los Bienes Comunales de San Blas Atempa, que comprenden una extensión territorial de 17 mil 575 hectáreas, de las cuales 17 mil 409 hectáreas son tierras de uso común.
Los comuneros de San Blas Atempa vendieron estas tierras al gobierno federal por la cantidad de 56 millones 362 mil pesos; es decir, a 3 mil 206 pesos cada hectárea de tierra, con el fin de utilizarlas para la construcción de un “polo de desarrollo del bienestar” o parque industrial para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Para David Hernández, no obstante, el gobierno federal ejerció otra forma de despojo institucional de estas tierras porque el 13 de marzo de 2021 se realizó una asamblea comunitaria en el palacio municipal de San Blas Atempa para aprobar o no la instalación de un parque industrial en tierras de uso común conocidas como “El Pitayal”. En ese entonces, la asamblea fue convocada por el ex presidente municipal y actual senador electo, Antonino Morales.
Pero al llegar a la asamblea, aseguró el vocero de Puente Madera, se dan cuenta que en el salón había personas “acarreadas” y otras que “debían favores” al edil de San Blas Atempa. Esto lo corroboraron posteriormente cuando solicitaron al Tribunal Agrario copia de la lista de asistencia y el acta de asamblea, en la que además, encontraron que había firmas de comuneros que ya habían fallecido.
“En la asamblea hicimos uso de la voz para mostrar una inconformidad, para mostrar que dentro del salón municipal no eran los comuneros los que se encontraban presentes, eran personas ajenas, que les deben favores a él y nos cedieron el micrófono para hacer ese señalamiento, pero ellos, en respuesta, nos empezaron a insultar, nos agredieron, nos aventaron botecitos de agua, y nos retiramos del lugar. Al día siguiente, nos enteramos por los medios y las redes que San Blas Atempa había aprobado el primer parque industrial del CIIT”.
Por la vía legal, la comunidad de Puente Madera logro un amparo para suspender de plano la instalación del parque industrial en la zona conocida como “Pitayal”.
Además, han realizado bloqueos a la carretera transístmica para manifestar su rechazo a las obras relacionadas con el CIIT; una de ellas, terminó con la quema de vehículos.
Esto trajo como consecuencia que se libraran 18 órdenes de aprehensión en contra de los habitantes de Puente Madera por los delitos de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio; entre ellas, contra dos mujeres adultas mayores que no se encontraban participando en las protestas: Josefina Reyes Ruiz de 68 años y Silvia Reyes Osorio de 55 años de edad.
El 17 de enero de 2023, se ejecutó la orden de aprehensión contra Víctor Hernández.
Para el activista, la represión contra los opositores al CIIT se incrementó con la llegada del nuevo gobierno.
“Se ordenó mi detención, me vinculan a proceso, en este momento estoy en ese proceso de juicio, de demanda, los compañeros están con las órdenes de aprehensión, pero eso no apaga la lucha de Puente Madera”, afirma.
Otras comunidades en lucha frente a la militarización
El informe “La militarización en los pueblos indígenas de México” elaborado por Indigenous Peoples Rights International (IPRI-México) aseguró que la estrategia militar busca ejercer un control sobre las tierras y territorios indígenas para la implementación de los Polos de Desarrollo incluidos en el Corredor Interoceánico a cargo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el estudio, que incluye testimonios de activistas indígenas de Mogoñé Viejo, San Juan Guichicovi, y Puente Madera, San Blas Atempa, ambas comunidades del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, explica que han documentado un proceso específico de militarización que recae en una estrategia diferente a la tradición contrainsurgente.
“Las comunidades han relatado para IPRI una serie de proyectos económicos que se desarrollan en el marco de los procesos de militarización en Oaxaca, Chiapas y Michoacán: la extracción de grava, la privatización de un ojo de agua y la amenaza de la instalación de una planta de Coca Cola en Bachajón, la operación legal e ilegal de la minera Ternium en la costa de Michoacán y el Corredor Interoceánico”.
Estos proyectos, sostuvo, son muestras constantes de cómo la presencia de las fuerzas armadas genera condiciones de seguridad para la inversión, y hasta ahí pareciera que está bien; sin embargo, sostiene que estos procesos de inversión se imponen en las comunidades indígenas, sin respetar sus derechos colectivos.
“La persistencia de los impactos de la militarización en el tiempo se puede observar con claridad en Oaxaca. El mismo proyecto al que se opuso la comunidad zapoteca de Juchitán en 1979 ahora se ha implementado en dicha región. El Corredor Interoceánico es una realidad con el establecimiento de los Polos de Desarrollo como modelo. Este proyecto no tuvo el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades”.
Según el IPRI, la manera de operación política de las Fuerzas Armadas consiste en una coordinación con los poderes locales para el control de las autoridades agrarias, además de violentar el derecho a la autonomía.
La estrategia, agregó, en los hechos desconoce el derecho al territorio de los pueblos indígenas, “pues los restringe a lo contemplado por las leyes agrarias, cuando ese marco legislativo es restrictivo y no se apega a los controles de convencionalidad. Asimismo, alimenta una dinámica de división y confrontación entre comunidades”.
Otra de las maneras indirectas en las que impacta la militarización al derecho al territorio, aseguró, es la prohibición del uso de armas por parte de las comunidades, cancelando de esa manera la posibilidad de continuar con actividades ancestrales como la caza.
“Esto limita el aprovechamiento de las comunidades de sus recursos e influye en el control de su territorio con otras prohibiciones militares para circular libremente o atender sus parcelas, esto afecta la realización de fiestas tradicionales y modifica la relación sociocultural de las comunidades con su territorio”.
Repliegue de Puente Madera
“En este repliegue, que metafóricamente denominaremos soledad. Hemos podido constatar y sentir el silencio. Silencio, que nos hizo mirar y escuchar las necesidades, conflictos y demandas sociales de nuestra comunidad. Lo que nos motivó a emprender el diálogo al interior, en nuestra soledad comunitaria, dejando de pensar y mirar el silencio de afuera, de quienes esperábamos más solidaridad y resistencia ante al monstruo que acecha la región”, justificó la comunidad de Puente Madera.
La comunidad informó que decidió emprender el desistimiento del Amparo Federal contra el polo de desarrollo o parque industrial, ante el aumento de la tensión al interior de nuestra comunidad y con ello las amenazas al tejido comunitario e integridad física y psicológica de nuestros habitantes por parte de las fuerzas represivas del Estado y los entes paramilitares de la economía criminal regional y transnacional.
Ahora, la comunidad permitirá la continuidad de la construcción del polo de desarrollo a cambio de recursos públicos de los ramos 28 y 33.
“Llevaremos a cabo las acciones jurídicas, mediáticas y organizativas necesarias para la obtención de los Ramos 28 y 33 que le corresponde proporcionalmente a nuestra comunidad y nos han sido negados desde hace más de 20 años por el municipio de San Blas Atempa y sus administraciones que abandonaron a todas sus agencias por enriquecer a unas cuantas personas que han acaparado tierras y utilizado el dinero público para sus carreras políticas”.
La asamblea de Puente Madera acordó seguir defendiendo El Pitayal y emprender un ordenamiento territorial comunitario para reforestar y conservar las tierras de uso común “ante futuras amenazas de la industria e invasiones por grupos políticos”.
Corredor Interoceánico amenaza el paisaje del Istmo de Tehuantepec
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, afirmó la comunidad de Puente Madera, ha comenzado a presentar los primeros elementos concretos de la transformación del paisaje en toda la región del Istmo Oaxaqueño y del Sur Sureste Mexicano.
“Desde el 2019 al presente, ha finalizado la etapa específica del megaproyecto en donde el Estado ha generado las condiciones necesarias, mediante diversos mecanismos de despojo, para que diversos capitales multinacionales hagan del Istmo de Tehuantepec su traspatio de producción”.
Y sostuvo que Nino Morales, es el responsable del clima de estigmatización contra su comunidad y habitantes de Puente Madera
