Washington D.C. – A diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refrenda su compromiso con las familias en su lucha por verdad y justicia; y hace un llamado a las autoridades competentes, y a la sociedad mexicana en su conjunto para seguir colaborando en el esclarecimiento de la suerte o paradero de los jóvenes y la determinación de las responsabilidades.
El 3 de octubre de 2014, a pocos días desde su desaparición, la CIDH otorgó la medida cautelar 409/14 —vigente desde entonces—, por medio de la que se solicita al Estado mexicano esclarecer la situación o paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y prestar asistencia a los estudiantes sobrevivientes. La medida cautelar fue el inicio de un acompañamiento cercano de la Comisión para contribuir en la búsqueda de los estudiantes, esclarecer los hechos e identificar y sancionar a los responsables.
En estos 10 años, a partir de las atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en virtud de acuerdos con el Gobierno Federal y las familias, la CIDH instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); y luego el Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA), para dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar y a las recomendaciones emitidas por el GIEI y la Comisión.
El trabajo del GIEI, en coadyuvancia con las autoridades mexicanas, contribuyó a reorientar las investigaciones, identificar las falencias y desvirtuar la hipótesis oficial de la desaparición. En efecto, se reveló a las familias de los estudiantes y al mundo entero la falsedad de la denominada «verdad histórica» y que agentes estatales sí tuvieron conocimiento de los ataques y desaparición de los estudiantes desde el momento en que ocurrieron. Las últimas investigaciones del GIEI dieron cuenta además de la posible participación de agentes estatales en los hechos.
El Estado impulsó la búsqueda de los estudiantes, el acceso a la verdad y a la justicia, así como la sanción a los responsables, a partir de la administración actual, mediante la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especializada para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (UEILCA). Esto permitió el hallazgo de nueva evidencia forense que resultó en la identificación de fragmentos óseos de dos estudiantes. Además, implicó la apertura de nuevas carpetas de investigación sobre la dinámica de la desaparición y los actos de investigación fraguados para ocultar la verdad.
Sin embargo, tras esos importantes avances, preocupa a la CIDH la actual paralización de la investigación y el retroceso en la institucionalidad creada. Subsisten una serie de obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad, como determinó el GIEI en su último informe; y persiste el llamado «pacto de silencio», que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores.
En este contexto, la Comisión reconoce que la próxima administración anunció su compromiso con la resolución de los hechos en este emblemático caso. Para superar los desafíos en la investigación es crucial mantener el diálogo auténtico y transparente entre todos los actores involucrados, incluyendo a las familias de los desaparecidos y sus representantes legales, y fortalecer la confianza entre las familias y las autoridades colocando a las víctimas como el enfoque central.
La CIDH seguirá monitoreando el cumplimiento integral de la medida cautelar, reitera su predisposición a brindar asistencia técnica a las autoridades mexicanas y continuará acompañando a las familias en su digna lucha por verdad y justicia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.