San Raymundo Jalpan, Oax., a 27 de abril de 2026.- Para fortalecer los lazos culturales con la comunidad migrante, el diputado Javier Casique Zárate, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó ante el Congreso del Estado una Iniciativa de Reforma que plantea reconocer formalmente como ciudadanas y ciudadanos oaxaqueños a las personas nacidas en el extranjero que sean hijas o hijos de madre o padre oaxaqueños.
De acuerdo con el Proyecto de Decreto, esta modificación busca otorgar certeza jurídica e igualdad a quienes, por filiación, mantienen un vínculo directo con sus comunidades de origen. El legislador señaló que el lugar de nacimiento no debe ser un criterio de exclusión cuando existe un lazo jurídico y familiar legítimo con la entidad.
En la exposición de motivos, el diputado Casique Zárate afirmó que la inclusión constitucional es indispensable para que la ciudadanía del Estado refleje fielmente su realidad social y migratoria. "Estas personas forman parte activa de nuestra comunidad por su origen, lazos familiares y participación permanente en la vida cultural, social y económica de sus localidades de ascendencia", subrayó.
Asimismo, destacó que reconocerlos como oaxaqueñas y oaxaqueños no solo evita interpretaciones restrictivas del texto constitucional, sino que fortalece la justicia social y la continuidad histórica del pueblo de Oaxaca, reafirmando el carácter incluyente y plural de la Constitución local.
Esta propuesta se alinea con el exhorto aprobado por el Senado de la República el pasado 9 de diciembre de 2025, el cual instó a las entidades federativas a adecuar sus marcos legales para reconocer la identidad jurídica de las y los hijos de mexicanos nacidos en el exterior.
Por ello, la iniciativa busca dotar de mayor claridad y coherencia normativa al texto constitucional local, armonizándolo con la Constitución Federal y con los criterios legislativos que reconocen la realidad migratoria del país y de la entidad.
La iniciativa, presentada en Sesión Ordinaria del 13 de enero del año en curso, fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales para su estudio y dictamen.
