Desde el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán hace dos meses, los países del Golfo han arrestado, procesado y deportado a personas acusadas de publicar contenido considerado perjudicial para la seguridad nacional. Las autoridades han emitido nuevos decretos, restringido vías de apelación judicial y aplicado leyes existentes, incluso para despojar a individuos de su ciudadanía.
Después de que Bahréin retirara la ciudadanía a 69 personas, su Ministerio del Interior anunció: "La nacionalidad bahreiní ha sido revocada a esas personas por glorificar o simpatizar con los actos hostiles iraníes, o por entablar contactos con partes externas".
Las fuerzas de seguridad han intensificado la vigilancia de usuarios y activistas en redes sociales.
Organizaciones internacionales y locales de derechos humanos afirman que las medidas representan un golpe a la libertad de opinión y de expresión.
En Bahréin y Kuwait, los detenidos provienen de diversos ámbitos.
Entre ellos hay periodistas, influencers, activistas de derechos humanos y personas comunes.
Los países señalan que los cargos incluyen incitación al enfrentamiento sectario, difusión de noticias falsas, uso indebido de teléfonos celulares y otros actos considerados como socavar la seguridad nacional.
Varios países del Golfo advirtieron desde el inicio del conflicto contra la filmación y publicación de videos o información vinculada a ataques iraníes en su territorio.
