Hay tragedias que, además del dolor que provocan, terminan convertidas en botín político. Todo indica que eso está ocurriendo con el asesinato del periodista Alejandro Leyva.
En lugar de que la discusión pública se concentre en identificar y castigar a los responsables, el crimen ha comenzado a utilizarse como un nuevo episodio de la larga guerra política que desde hace años sostienen dos grupos antagónicos en Oaxaca: el de los Murat y el del gobernador Salomón Jara.
La muerte del periodista parece haber dejado de ser el centro del debate. Hoy, la disputa gira alrededor de quién obtiene ventaja política con ella.
Las declaraciones del regidor Héctor Pablo Ramírez Puga, sobrino de Alejandro Leyva, no pasaron inadvertidas. Al señalar que “uno de los autores es quien abusó de la convicción de Alejandro y lo utilizó como vehículo para sus fines personales”, abrió una puerta que hasta ese momento pocos se habían atrevido a mencionar: la posibilidad de que el periodista también hubiera quedado atrapado en una confrontación política que terminó por rebasarlo.
No es un secreto que la pugna entre muratistas y jaristas dejó hace mucho de librarse únicamente en las instituciones. La batalla también se trasladó a los medios de comunicación, a las redes sociales y a las columnas políticas, donde cada publicación era respondida con otra, cada señalamiento encontraba una réplica y cada crítica alimentaba un conflicto que parecía no tener fin.
En ese escenario, Alejandro Leyva terminó ocupando un lugar visible. Sus textos incomodaban a unos, eran celebrados por otros y, con el paso del tiempo, su figura fue colocada por muchos dentro de uno de los bandos, independientemente de cuál hubiera sido su verdadera intención.
Lo preocupante es que, tras su asesinato, esa misma lógica continúa. Unos utilizan el crimen para responsabilizar políticamente al gobierno; otros buscan desacreditar el trabajo periodístico de la víctima o atribuirle intereses ajenos. En ambos casos, el homicidio deja de ser una tragedia humana para convertirse en una herramienta de propaganda.
Mientras tanto, la familia sigue esperando justicia.
La Fiscalía estatal y federal tienen la obligación de investigar sin filias ni fobias, agotando todas las líneas de investigación y sin permitir que la presión política marque el rumbo de las indagatorias. Pero también la clase política debería hacer una pausa y recordar que detrás de los discursos, los posicionamientos y las estrategias mediáticas hay una persona que perdió la vida y una familia que perdió a uno de los suyos.
Porque la peor consecuencia de esta guerra no es únicamente la confrontación entre dos proyectos políticos. La peor consecuencia es que una muerte termine utilizándose como munición para seguir alimentando un conflicto que parece no tener final.
La FGR debe tener bien claro que en la espiral política que envuelve este crimen, no debe enfocarse en los oponentes evidentes, sino en otros personajes que pueden no ser ajenos, como políticos con aspiraciones, otros con vinculos obscuros o desde un naciente gremio forjado en la delictividad
Cuando la narrativa importa más que la verdad y el cálculo político pesa más que la justicia, el riesgo es que Alejandro Leyva sea asesinado dos veces: primero por quien le arrebató la vida y después por quienes pretenden convertir su muerte en un instrumento para ganar una batalla política.
De colofón: hoy Movimiento Ciudadano sube el tema al Senado, solicitando la desaparición de poderes en Oaxaca, lo cual puede ser secundado por el Partido del Trabajo
