• La 65 Legislatura del Congreso local aprobó un decreto en el cual se autoriza a los 570 municipios del estado a gestionar y contraer con cualquier institución de crédito, uno o varios financiamientos
Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo del Estado han permitido el endeudamiento de los municipios. En menos de cinco años, se pasó de tener a tres ayuntamientos que adquirieron créditos con diferentes instituciones bancarias, a un aproximado de 30 municipios oaxaqueños endeudados.
En todos los casos se desconoce el destino de la deuda pública, y mientras tanto, comprometen las finanzas municipales a las siguientes administraciones porque comprometen como pago la recepción de recurso público federal que reciben para la realización de obras y prestación de servicios a sus habitantes.
La 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó un decreto en el cual se autoriza a los 570 municipios del estado a gestionar y contraer con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano, uno o varios financiamientos; es decir, para que puedan adquirir deuda pública.
Este decreto aprobado por los legisladores locales fue una iniciativa enviada por el gobernador Salomón Jara Cruz, y establece que estos créditos se pueden contratar con aquellas instituciones financieras o bancos que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, hasta por el monto, para el destino, plazos, términos, condiciones y con las características que en éste se establecen.
En estos créditos, los municipios pueden afectar como fuente de pago del o los financiamientos que contraten, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago de los financiamientos que contraten.
Los 570 municipios de Oaxaca, en conjunto, pueden adquirir deuda hasta por 4 mil 408 millones 848 mil 159 pesos. La capital del estado está entre los municipios que puedan adquirir el mayor monto de deuda y supera los 77 millones de pesos; San Agustín Loxicha, por ejemplo, que cuenta con un número menor de habitantes, también puede acceder a un crédito de hasta 75 millones de pesos.
El decreto establece que cada municipio podrá contraer los financiamientos autorizados en el transcurso de los ejercicios fiscales de 2023 y 2024, pero en cualquier caso deberán pagarlos en su totalidad en un plazo que no exceda el periodo constitucional de la administración municipal que lo contrate.
En el documento se precisa que deberán pagar a más tardar el 1 de noviembre de 2024, dentro del plazo de hasta 24 meses para el caso de los municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos, y más tardar el 3 de noviembre de 2025, dentro del plazo de hasta 36 meses para los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas.
Los municipios podrán comprometer los recursos públicos federales que reciben del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); es decir, pagarán el servicio de la deuda, el pago de capital, intereses, comisiones y accesorios financieros, siempre y cuando no excedan el 25 por ciento.
Además, se autoriza a Salomón Jara a constituir un “fideicomiso (privado) irrevocable de administración y pago” con el banco o institución financiera que decida el gobernador de Oaxaca, para concentrar los recursos del FAIS que deben llegar a los municipios; y a partir de ese fideicomiso, retener la parte del dinero público a los municipios que deben destinarse al pago de la deuda pública.
Los fines del fideicomiso, detalla, son captar la totalidad de los recursos provenientes del FAIS Municipal que le correspondan a los municipios y que periódicamente les sean transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación, o el área o unidad administrativa facultada para tal efecto; servir como mecanismo de pago de la deuda pública que contraten los municipios; y servir de medio para facilitar la entrega a la Secretaría de Finanzas del gobierno de Oaxaca de los recursos no afectados del FAIS Municipal.
La iniciativa de Salomón Jara, aprobada por el Congreso del Estado conformado en su mayoría por el partido Morena, autoriza a los 570 municipios del estado de Oaxaca, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos (deuda pública).
“Hasta por el monto, para el destino, plazos, términos, condiciones y con las características que en éste se establecen; para que afecten como fuente de pago del o los financiamientos que contraten, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago de los financiamientos que contraten”.
Salomón Jara argumentó que la aprobación de la deuda pública hasta por más de 4 mil 408 millones a través de los municipios y con un fideicomiso privado, es para dotar a los ayuntamientos de más “instrumentos financieros” que les permitan “alcanzar sus metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo”.
El consejero jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero, explica que la razón de esta iniciativa es que el primer encuentro de la ciudadanía con el poder público se da en el contexto del municipio.
“Es el primer rostro de la administración pública, al cual, más que verlo como nivel de gobierno, lo interpreta como el depósito de las responsabilidades de satisfacer las necesidades más elementales de carácter general, suma de las necesidades individuales similares de sus habitantes; así pues, lo visualiza como un ente realizador de obras públicas requeridas por la comunidad municipal”.
De ahí, apunta el funcionario, la necesidad de dotar de más y mejores herramientas a los municipios con la finalidad de que puedan contar con más instrumentos financieros a su alcance que les permitan el logro de sus metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, con incidencia directa en las distintas poblaciones beneficiadas con las acciones de las administraciones.
Asimismo, afirma que esto se traducirá en que puedan planear y ejecutar obras de mayor impacto orientadas a agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, infraestructura básica del sector educativo y salud, mejoramiento de vivienda y urbanización.
Vásquez Sagrero precisa que para una entidad como Oaxaca, las aportaciones federales constituyen más del 50 por ciento de sus ingresos totales y por ese motivo es imperante que el “Estado con responsabilidad construya mecanismos para la determinación de la asignación de recursos a los cuales tiene acceso cada municipio, y en este caso, para comprometerlos para la consecución de sus objetivos”.
De acuerdo con el consejero jurídico, todas las transferencias que el gobierno federal realiza a los gobiernos locales están incluidos en el gasto neto total del presupuesto de egresos de la federación que aprueba la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
“Las transferencias de programan y calendarizan para que sean recibidas mensualmente por las entidades federativas y sus municipios, a fin de sufragar, en parte, su gasto público”. Esto, explica, hace posible que los municipios puedan comprometer para el pago de la deuda pública, los recursos que reciben del gobierno federal.
“Las aportaciones que con cargo a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas o Municipios, podrán afectarse para garantizar el pago de obligaciones que contraigan con instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana”, se apunta en el decreto aprobado por la 65 Legislatura del Congreso del Estado.
La contratación de uno o más financiamientos también tienen que ser autorizados primero por el Congreso local, y establece que no podrán destinar más del 25 por ciento de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de esos dos fondos.
El decreto también puntualiza que los municipios que contraten deuda pública únicamente será para financiar inversiones públicas productivas, consistentes en obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria.
En específico, los recursos que se obtengan de la deuda pública sólo se pueden invertir en obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector educativo y de salud.
“Los municipios vigilarán que el manejo de los recursos se encuentre estrictamente apegado a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, antepuestos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, añade.
Sobre la creación de un fideicomiso, el decreto señala que se autoriza al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, constituya un “fideicomiso irrevocable de administración y pago” con el banco o institución financiera que elija el mandatario.
Este fideicomiso tiene el objetivo de captar la totalidad de los recursos provenientes del FAIS Municipal que les corresponden a los municipios y que periódicamente les sean transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación, o el área o unidad administrativa facultada para ese efecto.
Un segundo objetivo es servir como mecanismo de pago del o los financiamientos que los municipios contraten con base en lo que se autoriza en el decreto.
Y finalmente, servir de medio para facilitar la entrega a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Oaxaca de los recursos no afectados del FAIS Municipal, para que éste a su vez se los entregue dentro del plazo que establece la legislación aplicable o, en su defecto, les haga llegar las cantidades remanentes que, en su caso, existan a favor de los municipios que decidan adherirse al fideicomiso.
Es decir, los municipios podrán adherirse al fideicomiso para el pago de los contratos de deuda pública y afecten un porcentaje del derecho y los flujos de recursos que les corresponden de ese fondo federal municipal, para proyectos de inversión en infraestructura.
Municipios con mayor cantidad autorizada para endeudamiento
Acatlán de Pérez Figueroa 32,169,002.00 pesos
Coicoyán de las Flores 30,689,813.00 pesos
Huajuapan de León 29,584,060.00 pesos
Juchitán de Zaragoza 50,740,715.00 pesos
Tlaxiaco 30,833,006.00 pesos
Huautla de Jiménez 42,793,157.00 pesos
Mazatlán Villa de Flores 29,331,955.00 pesos
Miahuatlán de Porfirio Díaz 36,607,576.00 pesos
Oaxaca de Juárez 77,261,081.00 pesos
Putla Villa de Guerrero 29,864,431.00 pesos
San Agustín Loxicha 75,872,582.00 pesos
San José Tenango 48,177,046.00 pesos
San Juan Bautista Tuxtepec 89,839,817.00 pesos
San Juan Guichicovi 29,957,779.00 pesos
San Juan Lalana 51,037,973.00 pesos
San Juan Mazatlán 46,995,333.00 pesos
San Lucas Ojitlán 30,966,022.00 pesos
San Martín Peras 30,434,567.00 pesos
San Mateo del Mar 40,451,853.00 pesos
San Miguel Soyaltepec 39,571,794.00 pesos
Santa Cruz Zenzontepec 45,502,689.00 pesos
Santa María Chilchotla 62,720,856.00 pesos
Santiago Ixtayutla 39,764,427.00 pesos
Santiago Jocotepec 29,771,758.00 pesos
Santiago Juxtlahuaca 44,059,565.00 pesos
Santiago Pinotepa Nacional 38,626,972.00 pesos
Villa de Tututepec 33,185,868.00 pesos
Villa de Zaachila 31,442,382.00 pesos