El 25 de febrero de 2022, José Mateos Nolasco se levantó a primera hora de la mañana para acudir a su trabajo en el Rancho Querétaro, propiedad de una empresa de vegetales en San Juan del Río del estado de Querétaro; pese a ser menor de edad, había logrado emplearse como fumigador de los campos de cultivo. En un descuido resbaló del tractor con parihuela, y la llanta del pesado vehículo pasa por encima él y pierde la vida.
José Mateos, era un joven indígena hablante de su lengua materna y originario de San Juan Cotzocón Mixe, fue reclutado por una de esas empresas que continuamente llegan a las localidades con mayor grado de marginación y pobreza de Oaxaca en busca jornaleros agrícolas, como mano de obra barata y sin ningún tipo de prestación social.
En marzo de 2022, los padres del joven viajaron al estado de Querétaro para concluir con el proceso y reclamar la indemnización a la empresa por la muerte de su hijo. Durante tres días: 10, 11 y 12 de marzo, los padres estuvieron esperando el cheque certificado con el monto acordado de indemnización ante la Fiscalía General de esa entidad por el delito de homicidio culposo.
La empresa, sin embargo, nunca cumplió ni pagó por la muerte del menor; abusando de los padres, argumentó que su hijo nunca fue dado de alta como trabajador porque al momento de su contrato era menor de edad, y que en consecuencia, no se consideraba muerte por riesgo de trabajo. A la fecha, la investigación sigue abierta y la empresa impune.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cada año emigran 150 mil oaxaqueños al norte de México o a los Estados Unidos en busca de trabajo. Por esta cifra, Oaxaca se ubica en el lugar número 10 en el Índice de Intensidad Migratoria a nivel internacional, y el séptimo en migración interna; también es la segunda entidad del país, después de Guerrero, con el mayor número de niños y niñas migrantes.
El estado tiene los municipios más pobres del país y la mayoría de ellos se encuentran en la región Mixteca. Conformada por 155 municipios, la región presenta los índices más altos de movimiento poblacional en la entidad, con un incremento ininterrumpido desde 1940.
Los informes del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) colocan a 42 municipios de la región Mixteca en pobreza alimentaria, con bajos índices de desarrollo humano y de ingreso por persona menores a un salario mínimo al día. Entre estos se encuentran Santos Reyes Yucuna, San Simón Zahuatlán, Coicoyán de las Flores y San Martín Itunyoso. Esto significa que el 80 por ciento de las familias de estas comunidades no cuentan con los recursos para cubrir sus necesidades prioritarias como alimentación, salud, vivienda, educación y agua potable.
Esto ha permitido que las empresas de estados del centro y norte del país, recluten a personas de estas localidades, incluidos menores de edad, como jornaleros agrícolas con pésimos salarios, sin prestaciones laborales y en condiciones peligrosas. Otras personas más, emigran por su cuenta a otras entidades del país o a los Estados Unidos en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.
La diputada local por Morena en la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca, Tania Caballero Navarro, denuncia que al no haber una fiscalización sobre estos procesos de reclutamiento o contratación por parte de las autoridades laborales, la mayoría de las veces su intervención en el proceso no representa ningún beneficio concreto para las personas trabajadoras jornaleras y sus familias, ya que los acuerdos no se establecen mediante un contrato de trabajo.
Además, detalla, durante sus traslados son víctimas de extorsiones o “multas” por agentes de seguridad pública federal, por funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que los “confunden” con migrantes centroamericanos, por militares debido a la falta de documentos de identidad o por hablar una lengua indígena, entre otros.
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA) señala que en México se estima que alrededor de tres millones de personas se desempeñan como jornaleros y jornaleras en los campos agrícolas.
“La población jornalera cuenta con una alta proporción de personas indígenas: 24 por ciento habla una lengua indígena, una proporción tres veces superior a la nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un estudio del 2018, estima que las y los trabajadores agrícolas cuentan con 5.9 años de escolaridad en promedio, más de 3 años por debajo del promedio nacional”.
Ya en los campos agrícolas, la REJJA señala que la población jornalera es víctima de múltiples violaciones a sus derechos laborales como irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas y condiciones de explotación.
Las condiciones laborales, explica, no respetan los derechos básicos reconocidos por la ley porque solamente el 3% de los trabajadores temporales cuentan con un contrato escrito, dejando a la inmensa mayoría en la informalidad, sin acceso a prestaciones de ley ni a seguridad social.
Otros derechos que se violentan está el de la educación porque se estima que sólo entre 14 y 17% de niños, niñas y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes asiste a la escuela; el de salud, porque la mayoría no cuenta con este servicio debido a la lejanía de los campos agrícolas de los centros de salud; el de vivienda, porque las familias jornaleras suelen ser alojadas en “galeras”, que son espacio reducidos, sin ventilación ni condiciones básicas de higiene como acceso al agua potable.
Se encuentran en condiciones de hacinamiento y es frecuente la presencia de plagas. Y el derecho a la alimentación, porque los alimentos que se proveen en los campos no siempre son suficientes comparados con la intensidad de la jornada de trabajo.
“Existen aún en centros de trabajo agrícola y cuarterías sistemas de retención de salarios, endeudamiento y raya, principalmente a través de tiendas de abarrotes y comedores. Por otro lado, hay casos donde migran las y los trabajadores sin familias, y otros que migran con sus familias, en ambas situaciones ellas y ellas se proveen sus propios alimentos, así como los utensilios para la elaboración de estos”, apunta la REJJA.
La presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz, advierte que en el caso de las mujeres jornaleras agrícolas, tienen un elevado nivel de riesgo de violencia sexual, durante la migración y en los campos, desde acoso hasta violación.
“Para el GESMujer, trabajar con jornaleras que son expulsadas de la Mixteca empobrecida como mano de obra barata hacia las zonas agrícolas del país nos ha permitido conocer la problemática; además de que viven en condiciones de trabajo y de vivienda deplorables”.
Tania Caballero señala que existen muchos jornaleros originarios de diferentes regiones de Oaxaca a los que no les dan las condiciones mínimas de trabajo, no tienen seguridad social, ni vivienda, realizan excesivas horas de trabajo y los tienen viviendo en condiciones inhumanas, en hacinamiento. “Son estructuras de fierro adaptadas”, detalla, “y cubiertas con sus propias cobijas, revueltos entre hombres y mujeres, adultos, jóvenes, niños y niñas, con baños móviles”