El CityBus es inviable, fue un proyecto a capricho, la inversión millonaria en los gobiernos de Gabino Cué y Alejandro Murat, se irá a la basura porque no tiene ninguna viabilidad
El ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, dejó una serie de obras de infraestructura carretera inconclusas, deficientes y otras que únicamente quedaron en la promesa. A esto se suma que dejó el control del servicio público del transporte urbano a más de cinco mil 500 organizaciones no gubernamentales y a más de 200 organizaciones políticas, sociales o sindicales. Con ello, el problema pinta un panorama complejo para resolver las demandas de movilidad en la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbados.
Una de esas obras es la modernización de la avenida Símbolos Patrios, tramo carretero que abarca a los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal. Pese a que la obra quedó inconclusa, fue inaugurada por el exmandatario.
Según la administración anterior, las obras de ampliación y modernización de Símbolos Patrios que abarca de la carretera troncal No.175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del kilómetro 1+000 al kilómetro 3+000 y entronque a nivel con avenida Universidad en kilómetro 2+320 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal, dichos trabajos tuvieron una inversión superior de 113.52 millones de pesos.
Y que los trabajos realizados consistieron en la pavimentación de 5 mil 385 metros cúbicos de carpeta asfáltica, mil 980 metros cúbicos de base asfáltica, 4 mil 950 metros cúbicos de base hidráulica, así como un colector pluvial del km 2+300 al km 2+980 ambos lados, drenaje pluvial, la instalación de 228 lámparas, 141 postes de alumbrado, mejoramiento de electrificación en avenida las Águilas, construcción de sifón y de boca de calles. Además de la realización de obras de drenaje, señalamientos, semaforización, concreto de guarniciones y banquetas.
Sin embargo, la empresa a cargo de la obra dejó los mismos postes de alumbrado público que ya existían en esa avenida, no colocó señalamientos, ni la semaforización que aseguró el gobierno de Alejandro Murat que fueron cambiados por nuevos; y dejaron inconclusas o sin realizar grandes de tramos de concreto de guarniciones y banquetas.
De acuerdo con el gobierno de Salomón Jara Cruz, la empresa ICA – a quien fueron asignados lo trabajos y que es propiedad del empresario Carlos Slim – se excusó en que por algunos detalles no habían concluido los trabajos y que los realizaría en la primera semana del nuevo gobierno; pero no ha cumplido hasta la fecha.
La segunda obra fue la modernización del Circuito Interior y que a días de ser inaugurada presentó hundimientos y una serie de fallas estructurales.
Los trabajos en el Circuito Interior consistieron en la modernización de 19.3 kilómetros seccionados en siete etapas. Para la implementación de esta obra, se realizaron trabajos de construcción de pavimento a base de concreto hidráulico del boulevard, la rehabilitación de la zona recreativa de la margen izquierda del Río Atoyac y la implementación de una trotapista, todos estos trabajos con una inversión de 518 millones de pesos y que beneficiará a los municipios de Oaxaca de Juárez, San Lorenzo Cacaotepec, Santa Cruz Xoxocotlán y San Jacinto Amilpas.
Alejandro Murat, además, la presumió como la “obra de concreto hidráulico representa la más grande de todo el sureste de México y tiene por objetivo contar un viaducto que mejore la movilidad a la zona de los Valles Centrales, entrando por la autopista de Cuacnopalan y saliendo hasta Símbolos Patrios, con la que se ahorran casi 40 minutos al recorrerla totalmente”.
La entonces Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), a cargo entonces de Javier Lazcano Vargas, la trotapista cuenta con un kilómetro de longitud en la zona de San Lorenzo Cacaotepec y San Pablo Etla. En todos los trabajos se ejercieron 518 millones de pesos asignados a la empresa CEMEX.
Por esta obra, la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó un exhorto para investigar y auditar la obra denominada “Circuito Interior de Oaxaca de Juárez” tras detectar deficiencias estructurales y la baja calidad de los materiales utilizados en los procesos de esa construcción.
En el documento suscrito por los diputados locales Liz Hernández Matus y Pablo Díaz Jiménez, también se solicita interponer las acciones legales contra Javier Lazcano Vargas, ex titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial (Sinfra) y contra el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; ambos, señala, tuvieron a su cargo la obra del circuito interior y que en su caso, resulten responsables administrativa o penalmente por el detrimento hacia el estado y la hacienda pública estatal.
Los diputados señalaron que a los pocos días de concluirse la obra y abrirse a la circulación vehicular, se cerró nuevamente ante la presión ejercida por los propios vecinos de la zona, ya que las deficiencias de la construcción rápidamente quedaron al descubierto.
“Aunado a lo anteriormente señalado, nunca fue instalada señalética peatonal, las aceras no delimitan el área de bicicletas, los reductores de velocidad permanecen en el color del concreto. Estas características exponen la vida e integridad de las personas que transitan en la vialidad”.
Y precisaron que el Circuito Interior de Oaxaca de Juárez consistió en la modernización de 19.3 kilómetros seccionados en siete etapas y se invirtieron 519 millones de pesos para beneficiar a los municipios de Oaxaca de Juárez, San Lorenzo Cacaotepec, Santa Cruz Xoxocotlán y San Jacinto Amilpas.
En este escenario se inscribe la inacabable obra del CityBus que inició en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo y en el cual se han invertido más de mil millones de pesos.
Según la Secretaría de la Movilidad (Semovi) y de diversas dependencias del Gobierno de Oaxaca, durante el sexenio del gobernador Gabino Cué Monteagudo se contrató a la empresa Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. por 535 millones 789 mil pesos para que construyera el proyecto del City Bus, pero no concluyó la obra pese a que se pagó en su totalidad a la empresa el monto contratado.
En 2020, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental presentó una denuncia en la que acusó al ex secretario de Administración del gobierno del estado, Alberto Vargas Varela, y el ex director Administrativo, Pablo Negrete Santiago por realizar un dictamen a la licitación 10/2014, así como el contrato de adquisición 10/2014, sin contar con las facultades para celebrar esos contratos para el City Bus. Ese mismo año, la Semovi aseguró que en la ejecución del proyecto en el gobierno de Gabino Cué se realizaron trabajos de baja calidad en la vialidad e infraestructura y se gastaron hasta 733 millones de pesos.
Mientras que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, realizó una inversión de 49.2 millones de pesos para semáforos inteligentes en la ruta que recorrerá el City Bus (Pueblo Nuevo – Santa Cruz Xoxocotlán): 580 semáforos vehiculares y peatonales, 216 señales audibles para personas débiles visuales y 32 botones para activar la fase peatonal.
Posteriormente se invirtieron 66 millones de pesos para el equipamiento y modernización de las terminales del City Bus y otros 107 millones de pesos para contar con un sistema de prepago en los camiones. Finalmente, cuando el Congreso de Oaxaca aprobó una nueva deuda pública por tres mil 500 millones de pesos, se afirmó que se destinarían otros 100 millones de pesos para concluir la obra. A pocos meses de concluir la actual administración, este proyecto sigue parado y sin concluir.
En su conferencia matutina, Salomón Jara aseguró que continuar el proyecto del Citybus es inviable porque fue un “proyecto a capricho” y mencionó que el recurso millonario invertido en los gobiernos de Gabino Cué y Alejandro Murat, se irá a la basura porque no tiene ninguna viabilidad por cómo está diseñado.
A estas obras inconclusas y deficientes, que se supone mejorarían la conectividad en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, se agrega la alta conflictividad y saturación en el transporte público concesionado, tanto en la modalidad de taxis colectivos, mototaxis, taxis y camiones urbanos.
La propia Semovi reconoce que el transporte público es controlado en el estado por aproximadamente cinco mil 500 asociaciones civiles y alrededor de 250 organizaciones políticas y sociales. Sólo en la ciudad de Oaxaca y en la región Valles Centrales hay mil 500 asociaciones civiles y 50 organizaciones políticas, quienes controlan el transporte público.
En la capital del estado y municipios de la región Valles Centrales, por ejemplo, destacan la Confederación Autónoma de Trabajadores de México (CATEM), el Frente Popular 14 de Junio, el Frente Popular Revolucionario (FPR), Sol Rojo, Sindicato Libertad, Sindicato CATEM Joven, la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), entre otras con menor presencia, pero en las que todas se usa el mecanismo de violencia para mantener el control del transporte público; además, que también intervienen en la obra pública y otro tipo de concesiones al interior del transporte. Para mantenerlo, han establecido relaciones económicas y de clientelismo con actores políticos, partidos políticos y funcionarios públicos; también recurren a la violencia armada cuando ven afectados sus intereses.
El mismo Plan Estratégico Sectorial Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial reconoce que en el estado no existe una visión integral de la movilidad, donde se considere la demografía, economía, sociedad y cultura de la población, asimismo acciones que impulsen el desarrollo de investigaciones, estudios y proyectos que faciliten la coordinación de los esfuerzos del sector con los diferentes niveles de Gobierno.
La primera concesión del transporte público la emitió la Secretaría General de Gobierno en 1952, cuando se comenzó a brindar el servicio de transporte público y no se contaba con una estructura formal para atenderlo.
Con el incremento de las concesiones, en 1988 se creó la Secretaría del Transporte (SETRAN), por considerar al transporte un tema de política pública que ya comenzaba a trascender en la población. Posteriormente, en 2004 cambia su nomenclatura a Coordinación de Transporte (COTRAN), dependiente directamente de la Gubernatura. En 2012 se crea la Secretaría de Vialidad y Transporte (SEVITRA), conociéndose actualmente como Secretaría de Movilidad (Semovi).
Mientras que en el año 2012 se libera el pago de la tenencia, que deja de ser un impuesto federal, con lo que el gobierno del estado de Oaxaca comienza a hacerse cargo totalmente de este impuesto y da impulso al proceso de emisión de placas vehiculares que además de ser un mecanismo que genera ingresos, permite el control de los vehículos motorizados. Por ello se puede decir que, debido a la importancia de la recaudación de ingresos para la entidad, la Secretaría de Movilidad centra sus actividades en la emisión de placas vehiculares, tarjetas de circulación vehicular, licencias de manejo, concesiones y operación del transporte público.
El Plan Estratégico sectorial establece que los principales problemas de este sector son la ausencia de instrumentos de planificación para regular y ordenar el desarrollo del transporte público, generando saturación en las rutas del transporte debido al otorgamiento no planificado de concesiones y permisos.
En la entidad hoy se tiene registrado un total de 45 mil 186 concesiones otorgadas para la prestación del servicio de transporte público, tanto de personas como de carga. El 38 por ciento se concentra en la región Valles Centrales, el 20% en el Istmo de Tehuantepec, 14% en la Mixteca, 13% en la Costa, 5% en la Cuenca del Papaloapan, 5% en la Sierra Sur, 2% en la Cañada y 2% en la Sierra Norte.
Otros aspectos que propician deficiencias en el servicio de transporte público son la ausencia de una visión empresarial del transportista; un bajo perfil en la prestación del servicio por parte de los operadores, reflejado en la alteración de horarios, tarifas y maltrato al usuario; así como la excesiva circulación de vehículos de baja capacidad, con la consecuente saturación de vialidades.
Lo anterior, señala el estudio, conlleva a la invasión de rutas, competencia desleal, exceso de velocidad en recorridos y “guerra” por el pasaje, largos tiempos de espera en paraderos, hacinamiento en los vehículos, incremento del estrés en conductores y pasajeros, y falta de transporte en las zonas apartadas de los centros comerciales.
“Es importante señalar que actualmente se cuenta con un registro de unidades de servicio público que circulan en el estado, sin embargo, el creciente desarrollo de nuevos asentamientos humanos y la escasa conectividad con los centros urbanos genera más y nuevas demandas de transporte, principalmente de vehículos de baja capacidad”, advierte.