- Las organizaciones plantean activar acciones conjuntas ante la criminalización del Estado hacia las defensoras y movimientos sociales en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
En el marco del día internacional de los pueblos indígenas, comunidades, pueblos y organizaciones de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las organizaciones firmantes acordamos realizar el Segundo Encuentro Regional: Conflictividad, Violencia y Criminalización contra Personas Defensoras y el Movimiento Social con el objetivo de profundizar en torno a las estrategias de defensa en la región sur-sureste y construir acciones conjuntas que puedan fortalecer nuestros movimientos.
En un escenario de profundización y normalización de la violencia y el patrón sistemático de criminalización hacia personas defensoras y movimientos sociales en la región, analizamos lo siguiente:
1. Contamos con características y denominadores comunes en los tres estados del sureste del país, nuestras principales fortalezas y conquistas históricas han sido la propiedad social de la tierra y nuestro sistema de organización colectivo, basado principalmente en la toma de decisiones colectivas mediante nuestras asambleas comunitarias.
2. La grave situación de violencia social, criminalización y ataque contra nuestros movimientos ha sido desencadenada por el despojo de nuestros bienes comunes. Denunciamos que el neodesarrollismo impulsado por el poder ejecutivo a nivel federal y estatal funciona a partir de profundas desigualdades sociales. Dicho modelo está caracterizado por la legalización del despojo o gobernanza del despojo, denunciamos que en este sexenio se materializaron proyectos neoliberales por excelencia de gobiernos pasados, nos referimos al proyecto interoceánico en Oaxaca, Proyectos mineros de Guerrero y Oaxaca y el Tren Maya en la región sur-sureste.
3. El poder ejecutivo federal ha asumido el monopolio de la legitimidad de las causas sociales y asume que el movimiento social ha llegado al poder. Frente a la simplificación del Estado, es importante mencionar que los procesos sociales son más complejos y denunciar que existe impunidad y no acceso a la justicia a personas defensoras que han sido agredidas por grupos paramilitares, de choque, delincuencia organizada que se mueve al amparo de la impunidad.
4. La mayor presencia de la delincuencia organizada se está concentrando en las regiones de imposición de proyectos extractivos, tal es el caso de proyectos mineros, eólicos, gasoductos, ampliaciones de carreteras (en Guerrero, Chiapas y Oaxaca). A quienes estamos en oposición a dichos proyectos, nos asesinan, desaparecen, criminalizan y deslegitiman. Esta práctica ha sido sistemáticamente operada por gobiernos federales, estatales y municipales.
5. Existe una estrategia fallida de seguridad, la militarización no ha disminuido los índices de conflictividad, violencia e inseguridad por el contrario, ha servido a interses empresariales y el crimen organizado. La desaparición de jóvenes y mujeres, los asesinatos, cobro de cuotas, desplazamientos forzados, falta de resolución de conflictos y mayor presencia de grupos armados y delincuencia organizada en las comunidades son muestra de dicha situación.
6. Las comunidades desplazadas de manera forzosa por la violencia no son un escándalo de las organizaciones y los movimientos. A partir de diversos informes, se han documentado la vergonzosa cifra de 21 mil indígenas desplazados en Chiapas en los últimos dos años, el asesinato de 176 personas defensoras durante este sexenio, el reclutamiento de jóvenes, la violencia generada en el último proceso electoral, además de la criminalización contra integrantes del movimiento social.
7. Las consecuencias de la imposición de dicho modelo, la negligencia de gobiernos estatales y federales y la impunidad han sido la normalización de la violencia, la contaminación irreversible del medio ambiente, una crisis profunda del agua en la región sureste, la pérdida de la flora y la fauna, el control territorial por parte de empresas y crimen organizado, la apatía ciudadana, el miedo generalizado en nuestras comunidades, fracturas comunitarias, además de graves afectaciones a nuestro tejido social.
8. Los pueblos, comunidades y movimientos del sureste del país apostamos por un modelo distinto de sociedad, en los que nuestros bienes comunes son una prioridad, la propiedad social de la tierra, la integridad de nuestro territorio, el fortalecimiento de nuestro tejido social, el impulso de Reglamentos Internos y Estatutos Comunales. Este modelo se encuentra en clara confrontación con el modelo neodesarrollista, marcado por la violencia, los asesinatos, la criminalización, la obstaculización de instancias agrarias al reconocimiento de los Estatutos y reglamentos internos de las comunidades (específicamente en Guerrero) y la militarización de nuestros territorios.
9. Frente a la violencia y la criminalización, las comunidades y organizaciones hemos acordado fortalecer nuestros procesos de resistencia y organización para la seguridad, creación de comités para el resguardo territorial ante las amenazas, el fortalecimiento de nuestros procesos colectivos y la memoria histórica, la movilización, la visibilización de nuestras problemáticas y la construcción de alianzas y articulaciones amplias a nivel nacional e internacional.
10. El día de hoy, en el marco del día internacional de los pueblos indígenas, acordamos impulsar una campaña contra la criminalización de las personas defensoras y la movilización conjunta entre los tres estados,
- ¡No más defensores desaparecidos, asesinados y criminalizados!
- ¡Libertad para lxs presxs políticos Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco de San Juan Cancuc,
- ¡Libertad para Pedro Hernández López del ejido el Cuxquital, San Cristóbal de las Casas, y no a la fabricación de culpables en Chiapas!
- ¡Justicia para Mateo Gómez López, asesinado por oponerse al reclutamiento de grupos criminales en San Cristóbal de las Casas!
- ¡Presentación con vida de Sergio Rivera Hernández del territorio en la Sierra Negra de Puebla!
- ¡Justicia para Bety Cariño y Jiry Jakkola!
- ¡No más desplazados por el modelo neodesarrollista!
- ¡Alto a la represión de militares y guardia nacional!
- ¡No a la Minería en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas!
- ¡Desmantelamiento de los grupos criminales y no más impunidad!
- ¡Solidaridad con lxs compxs mazatecxs de Eloxochitlán de Flores Magón!
- ¡Libertad y absolución para Salvador Pinal Meléndez, indígena zapoteco de Santa Cruz Tagolaba y Arnulfo García Santos, indígena triqui desplazado de San Miguel Copala, ambos criminalizados por defender la tierra!
- ¡Presentación con vida del Dr. Ernesto Sernas García!
- ¡Justicia para Capulálpam de Méndez!
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 09 de agosto de 2024
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio
Autoridades agrarias de San Miguel del Progreso
Autoridades agrarias y municipales de Capulálpam de Méndez
Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli
Centro Universitario Comunal de San Antonio Huitepec “Ityi Ndya Ndoo” UACO
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Centro de Derechos Humanos Tepeyac
Centro de Estudios de la Región Cuicateca-CEREC
Consejo de Comunidades en Resistencia del Estado de Oaxaca CCORO
Corriente del Pueblo Sol Rojo
Frente no a la Minería por un Futuro de Todas y Todos
Coatecas Altas
San Matías Chilazoa
Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ
Movimiento Lubizha
Organizaciones Indias por los Derechos Humanos OIDHO
Observatorio Ciudadano y Comunitario del Medio Ambiente y el Agua de los Valles Centrales de Oaxaca
Servicio Internacional para la Paz-SIPAZ
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI
FUENTE: frayba.org.mx